El tribunal

El tribunal oral nº 3 de San Isidro tiene numerosos antecedentes de absoluciones o condenas apenas simbólicas a policías.
En 2003, integrado por los jueces Marcelo García Helguera, Ezequiel Igarzábal y Carlos Vales Garbo, absolvieron a cinco policías, y condenaron sólo a uno, a 8 años de prisión,  por el fusilamiento de Alejandro Levickas, que murió de cinco balazos policiales.
En junio de 2004, absolvieron al sargento Norberto Gallo, que mató de un tiro en la cabeza al albañil Gustavo Luna, de 26 años, tras acusarlo de tirar piedras contra su camioneta.
Poco después, condenaron al cabo Emir Champonois a 8 años de prisión por el fusilamiento del músico Mariano Wittis, pero lo absolvieron por el asesinato de Darío Riquelme, presunto ladrón, en el mismo hecho.
En 2005, absolvieron escandalosamente a Héctor Eusebio Sosa, el policía bonaerense que fusiló con cinco balazos a Víctor “Frente” Vital (16) mientras el pibe se escondía bajo una mesa.
Un año después, en 2006, fue el turno del policía federal Pablo Barros, que fusiló por la espalda al joven Carlos Alberto Bustamante (21), después que el muchacho lo increpó por disparar contra un grupo de pibes de 15 años para echarlos del cumpleaños de su sobrina. Pese a que no cabía duda de que Carlos se estaba yendo cuando el federal lo acribilló por la espalda, el tribunal decidió que fue un “accidente”, y lo condenaron a tres años y medio por homicidio culposo.
Pero los señores magistrados no se animaron a enfrentar a la familia Bustamante para leer el fallo, sino que mandaron a su secretaria, que, muerta de nervios, leyó la parte dispositiva de la sentencia. Luego, los jueces mandaron a la secretaria a escribir un informe dejando constancia, con medido lenguaje judicial, que cuando anunció la farsa vestida de sentencia, la mamá y el papá de Carlitos putearon al policía, y los compañeros de CORREPI que estaban presentes, entre ellos la abogada de la causa, María del Carmen Verdú, tuvieron expresiones “indecorosas” hacia Sus Señorías.
Concretamente, el acta indica que la compañera, además de señalar que es un tribunal “pro cana”, los calificó de “faltos de huevos para bajar a poner la cara adelante de la familia”, y elevaron las actuaciones al colegios de abogados de San Isidro para juzgar su “conducta ética”.
En ese juicio disciplinario, CORREPI probó los antecedentes del tribunal y que los jueces no bajaron a la lectura de la sentencia porque sabían que reaccionaríamos ante el evidente encubrimiento. El tribunal del colegio de abogados resolvió que: “Semánticamente, asiste razón a la denunciada, pero no puede considerarse liberada de una falta de decoro al ser expresada por una profesional del derecho. (...) La expresión realizada por una abogada, más allá de que fuera cierta o que existan elementos como los ofrecidos en la prueba que la avalen…implica una falta de decoro hacia los magistrados actuantes…”. Así, la apercibieron por “faltar el decoro de los jueces”, al decir la verdad sobre ellos. Esta sentencia está apelada ante el colegio de abogados de la Provincia de Buenos Aires.
Pero no termina allí el prontuario del TOC 3 de San Isidro. Meses después de recibir la causa Colman, cuando ya habían fijado fecha para el juicio al policía Benítez, los jueces Igarzábal y Helguera (Vales Garbo falleció hace poco) repararon en que, otra vez, enfrentarían en la sala a un familiar de una víctima del gatillo fácil policial organizado en CORREPI. Y como no encontraron excusa mejor para librarse del mal trago, se excusaron de intervenir, con el argumento simplista de que les producía violencia moral la intervención como abogada del particular damnificado de la compañera María del Carmen Verdú. El tercer juez, Lino Mirabelli, integrado por el fallecimiento de Vales Garbo, se mantuvo al margen del asunto.
Denunciamos la triquiñuela para dilatar el juicio y garantizar la impunidad del asesino de uniforme, mientras, con relativa rapidez, otro tribunal oral rechazó la excusación y la cámara de apelaciones confirmó que los dos jueces se tienen que aguantar y hacer el juicio.
Este es el tribunal que va a juzgar al policía bonaerense Oscar Benítez por el asesinato de Sonia Colman.